Comunicado de "ministra socialista" sobre jornada de labor de ocho horas está llena de falacias

Por Dionisio Arce Jara (*)

Lilian Soto y el presidente Fernando Lugo (foto Presidencia de la República, setiembre 2008.

La Secretaría de la Función Pública, cuya titular es la “feminista y socialista” Lilian Soto (ex afiliada al Partido País Solidario y hoy “lideresa” del “Movimiento Avancemos”), lanzó un comunicado el 25 de mayo de 2010 para exponer los argumentos de la institución con relación a su política de imponer las ocho horas laborales. La Ley 4003, promulgada el 20 de mayo pasado, modificó el artículo 59 de la Ley 1626/00, de la Función Pública, para ajustar legalmente la jornada laboral del sector a una realidad que lleva décadas: la mayoría de los funcionarios aún trabaja seis horas por día y de lunes a viernes.

El comunicado de la socialista Soto está llena de falacias (argumento falso, pero aparentemente verdadero para inducir a error o engaño), pues señala que, si se reduce la jornada laboral de ocho a seis horas por día, también se reducirá la calidad del servicio de los funcionarios porque supuestamente habrá menos “capacidad de respuesta” ante la demanda de la ciudadanía. Sin embargo, no aclara que en la mayoría de las entidades aún se trabaja las seis horas. Además, la posición de la Mesa Coordinadora Sindical es que en la función pública debe haber una segunda jornada laboral de cinco a seis horas a partir de las 13:00 horas. De este modo, se mejorará el nivel de servicio de las instituciones, en especial en las oficinas recaudadoras de impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Por otro lado, el comunicado dice que los funcionarios también perderán con una jornada de seis horas diaria porque no existirán  argumentos válidos ante el Parlamento Nacional para que todos ganen el salario mínimo legal, ya que la ciudadanía verá a los estatales como un sector que goza de "privilegios injustos". La ministra feminista se cuida de recordar otros “privilegios injustos" de los estatales, y que no está en discusión, entre ellos, que tienen automáticamente treinta días de vacaciones luego de trabajar un año (en el sector privado se necesitan diez años) y que trabajan solo de lunes a viernes (salvo los sectores de servicios imprescindibles, como salud, electricidad y agua).

Además, de esto se debe agregar que los funcionarios permanentes tienen una “alta estabilidad laboral”, ya que no pueden ser despedidos sin causa justa (solo mediante sumario administrativo). En el sector privado, la mayoría de los trabajadores es despedido antes de tener estabilidad o más de diez años de trabajo.

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A continuación, el comunicado de Lilian Soto del 25 de mayo pasado:

Coordinadora denuncia violación de la Constitución y convenio de OIT en caso de labor de ocho horas

Aníbal Martínez (izq.), Pedro Sánchez y Julio López, miembros de la Mesa Coordinadora Sindical en una reunión en el SPP el martes pasado.

La Mesa Coordinadora Sindical lanzó un comunicado a la opinión pública para denunciar la grave violación del artículo 102 de la Constitución Nacional y de la Ley 942, del 15 de julio de 1964, que aprueba el Convenio No. 30 de la Organización Internacional del Trabajo (aprobado en reunión del 28 de junio de 1930).

La Constitución dice que “los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en los derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”. La ministra socialista Lilian Soto argumenta, en forma manifiestamente falsa, que los funcionarios no tienen “derechos adquiridos”.

El artículo 10 del citado convenio, referente a las jornadas de labor en las instituciones públicas (cuyo labor máxima es de ocho horas), señala: “Ninguna disposición del presente Convenio menoscabará las costumbres o los acuerdos en virtud de los cuales se trabajen menos horas o se apliquen tasas de remuneración más elevadas que las previstas en este Convenio”.

A continuación el comunicado de la Mesa Coordinadora Sindical:

Abogado contradice postura de laboralista en caso de las ocho horas de trabajo del sector público

El abogado Roberto Inglés (foto), especialista en derecho laboral, y socio activo de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay tiene una postura u opinión contraria a la de su colega Jorge Darío Cristaldo, ex presidente de este gremio.

Cristaldo, en entrevista publicada en el diario ABC Color, sostiene que los funcionarios no tienen “derecho adquirido” en cuanto a las seis horas laborales. Manifestó que “la situación jurídica de los funcionarios públicos en nuestro país se rige por el derecho administrativo, rama del derecho público, y no por el derecho laboral, que es una rama del derecho social”.

Sin embargo, el abogado Inglés, en una nota realizada por miembros de la Mesa Coordinadora Sindical, da a entender que es una falacia la posición del titular de la Asociación. El profesional entrevistado por sindicalistas no se refiere directamente a Cristaldo, pero la entrevista fue realizada a raíz de la nota hecha por el diario al conocido laboralista.

Inglés sostiene que es inconstitucional la posición jurídica que sostiene que los funcionarios deben trabajar ocho horas y que no tienen derecho a trabajar menos horas, cambiando la ley de la Función Pública o negociando Contratos Colectivos.

Existen jurisprudencias nacionales por las cuales se aplican criterios del Código Laboral (Ley 213/93) debido a lagunas de la Ley de la Función Pública (Ley 1626/00). Debido a la interrelación entre el código laboral público y privado hay una rama del derecho laboral, a nivel internacional, conocida como “derecho administrativo laboral”. Sobre el tema del "derecho adquirido" vean el artículo 102 de la Constitución Nacional y reflexionen sobre la opinión del Dr. Cristaldo, quien tiene fama entre sus colegas como un enemigo de los funcionarios.

A continuación la entrevista hecha al abogado Inglés:

Miles de funcionarios repudiaron al presidente Lugo y a ministra por violación de derechos laborales

Por Dionisio Arce Jara (*)

Los funcionarios públicos se concentraron primero frente al local de la Secretaría de la Función Pública, situado en la calle 25 de Mayo y Constitución.

La convocatoria realizada por miembros de la Mesa Coordinadora Sindical contra el presidente Fernando Lugo y contra la ministra socialista Lilian Soto fue un éxito si se tiene en cuenta que la marcha y manifestación se hizo en horas de trabajo. Además, sindicalistas denunciaron que jerarcas de varias instituciones realizan todo tipo de presiones contra funcionarios para que no se adhieran a la cruzada contra la Secretaría de la Función Pública.

Miles de funcionarios se concretaron el 17 de junio frente al local de la Secretaría, situado en 25 de Mayo y Constitución, luego marcharon hasta el Parlamento Nacional. El diario ABC Color asegura que unos 2.500 funcionarios estuvieron en la manifestación de repudio contra Lugo y Soto. La máquina de calcular periodística funciona de acuerdo al cristal con que se mira una protesta popular, por lo que no arriesgamos cifra. Los organizadores de la protesta calcularon la presencia de unos 10.000 estatales, pero los lectores de esta página web pueden ver las fotos de la jornada para dimensionar la protesta. Visite el álbum de fotos en (Windows Live) o en (Picasa de Google)

Ministra dice que funcionarios no tienen derechos adquiridos, pero promete "compensaciones”

Miles de funcionarios se concentraron el 17 de junio frente al local de la Secretaría de la Función Pública, sito en la calle Constitución. Irónicamente, la ministra Lilian Soto viola la Carta Magna en este punto de Asunción. 

La ministra socialista Lilian Soto ha asegurado, mediante comunicados, que los funcionarios no tienen “derecho adquirido”, pese a lo que establece el artículo 102 de la Constitución Nacional. La misma convenció al "voluble y presionable" Fernando Lugo a vetar la Ley 4003, del 20 de mayo de 2010, que establece la jornada de seis horas diarias para el sector público.

Un comunicado de la Secretaría de la Función Pública del 3 de junio dice que “la instauración de un esquema de privi- legios no contribuye a la construcción de una sociedad justa. El Paraguay ha sufrido funestas consecuencias derivadas de la ausencia de igualdad ante la Ley y es por ello que desde la Secretaría de la Función Pública, en el Gobierno que asumió el 15 de Agosto de 2008, hemos sostenido de un modo firme la necesidad de defender la esencia fundamental de ese derecho”.

La ministra dice que la política de Lugo es establecer en las cláusulas de contrato colectivo “compensaciones” económicas por el aumento de la carga horaria de seis a ocho horas por día. Si los funcionarios no tienen “derechos adquiridos”, ¿por qué el Estado pagará miles de millones de guaraníes al año por el aumento de la jornada laboral?. Los estatales deben así trabajar si o si ocho horas por día sin recibir un solo guaraní extra sobre la base de esta visión seudolegal. El decreto 4484, del 3 de junio de 2010, por el que se vetó la Ley 4003/10, también asegura que habrá compensaciones económicas por trabajar ocho horas por día.

A continuación el comunicado de la Secretaría:

Federación denunció la gestión "arbitraria e ilegal" en recursos humanos de la ministra Martínez

El Dr. Carlos Cubas fue uno de los médicos que denunciaron el manejo aribitrario e ilegal en el área de recursos humanos de la ministra socilialista Esperanza Martínez.

Los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, entre ellos los doctores César Pimienta, Abdón Villamayor y Carlos Cubas, denunciaron a la “ insensible, mentirosa e inútil ministra de salud, Esperanza Martínez” porque también pretende imponer a los trabajadores una jornada de ocho horas. Este gremio apoya a la Mesa Coordinadora Sindical en su lucha por la reinvindicación de las seis horas diarias.

Los citados sindicalistas tuvieron activa participación en la marcha de repudio contra el presidente Fernando Lugo y la ministra Lilian Soto. del 17 de junio de 2010. Los gremialistas criticaron duramente la postura de Soto y Martínez, quienes no tienen problemas en pisotear los derechos de los trabajadores pese a que son supuestamente socialistas.

La Federación aseguró en un comunicado que la ministra Martínez ejerce una suerte de “tortura sicológica” contra los funcionarios que se oponen a su política discriminatoria de recursos humanos, ya que corta derechos conseguir durante años de lucha sindical, como pago de bonificaciones por trabajo insalubre. Los estatales “revoltosos” son trasladados o “descontratados” en forma arbitraria, según el gremio, que denunció la ilegalidad y el manejo arbitrario de los recursos humanos en Salud Pública.

“Los mentiras de las autoridades sobre PAGO AL DÍA DE BENEFICIOS contrastan con las ultimas medidas, luego de movilizaciones de la FEDERACION, que disponen el pago retroactivo desde enero del seguro medico, el inicio del pago irregular de la insalubridad, las promesas de pago de la bonificación por guardia, el retraso de 3 meses en el pago de salarios a residentes, la continuación del bloqueo salarial de funcionarios, cuyos pagos han empezado de manera irregular y solo para algunos”, señala parte del comunicado de la entidad gremial.

A continuación un comunicado de la Federación:

Periodista critica a sindicalistas por defender los intereses de choferes de ómnibus "chatarra"

El ex periodista de Ultima Hora, periodista Jorge Villalba Dígalo (foto), envió una carta a la comisión directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay con el objeto de expresar su opinión con relación a la postura de ciertos sindicalistas miembros de la Mesa Coordinadora Sindical sobre el conflicto de choferes y la Setama.

El SPP es miembro de la Mesa, por lo que el colega expresó su preocupación con relación al eventual apoyo que daría este nuevo sindicado a choferes que trabajan para los sindicalistas-choferes que reclaman la nueva intervención de la Secretaría. Manifestó que no hay que confundir intereses de clase con los intereses de un grupo de sindicalistas y de obreros. El colega dio a entender que una nueva huelga de choferes será solo para defender los oscuros intereses y negocios de ciertos sindicalistas y que, por lo tanto, será en perjuicio de la “clase trabajadora” o pasajeros.

A continuación la carta del colega: